Un modelo de evaluación de políticas públicas para una Administración más transparente y eficaz

La Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas

En la actualidad, el valor público es una de las palancas de cambio que ha de guiar el proceso de transformación de la administración. Este comprende una visión transversal con enfoque en los derechos y libertades de la ciudadanía, bajo una mirada global, sistémica y holística.

Bajo esta premisa surge la Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas en la Administración General del Estado (Ley 27/2022 del 20 de diciembre), una norma que busca promover la cultura de la evaluación mediante un sistema de análisis de las medidas adoptadas y políticas puestas en marcha por el Ejecutivo.

La ley se estructura en treinta y dos artículos distribuidos en cuatro títulos, incluido el preliminar; seis disposiciones adicionales, una transitoria y tres disposiciones finales.

El valor público del que hablamos está intrínsecamente unido a los objetivos finales que pretende esta norma, que son:

• Optimizar el proceso de toma de decisiones públicas.
• Impulsar la innovación en la actuación del sector público.
• Colaborar para que el sector público estatal sea eficaz en la asignación y utilización de los recursos públicos.
• Permitir el control de responsabilidades y la rendición de cuentas a la sociedad.

Desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se ha puesto de manifiesto la importancia de institucionalizar la evaluación de las políticas públicas y la necesidad de disponer de un marco regulador de su práctica. De este modo, se podrá mejorar el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos y dotar de mayor transparencia al proceso de toma de decisiones, siempre con el objetivo final de profundizar en los principios democráticos.

A nivel internacional no existe un único modelo de institucionalización de la evaluación. Y en nuestro país tampoco se disponía anteriormente de un marco integrador común que proporcionara las herramientas y elementos básicos para impulsar una política de evaluación de las políticas públicas.

Qué novedades trae consigo esta nueva ley

El Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, del que forma parte esta nueva ley, reconoce la utilidad de los procesos de revisión del gasto y se compromete a dar continuidad y permanencia a los mismos. Para ello, se creará una división permanente de evaluación en el seno de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) y se introducirán otros elementos que contribuyen a la mejora de la sistematicidad y planificación de las evaluaciones del gasto.

Con la aprobación de la norma, se otorga un instrumento legal para abordar de una forma decidida (si y sólo si se dedican los recursos económicos necesarios para exigir el cumplimiento de la ley, recursos profesionales que impulsen las tareas encomendadas a la Agencia Nacional de Evaluación y mucha voluntad política) la evaluación de las políticas públicas, abriendo cauces de colaboración público-privados para concentrar talento, con el fin de analizar y evidenciar el impacto de las políticas públicas en cuestiones tan determinantes para la ciudadanía y la mejora del Estado de Bienestar como la igualdad de género, el medio ambiente y la transición energética.

Enlaza también con la extensión de los derechos sociales; la despoblación y el reto demográfico; el crecimiento económico; el empleo digno, estable y de calidad; la solidaridad intergeneracional; la redistribución de la riqueza; la adecuación a la normativa y a las directrices europeas; o la adecuada alineación de las distintas intervenciones públicas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y el sistema integral de coherencia de políticas para el Desarrollo Sostenible y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en relación con la integración transversal del principio de igualdad entre personas de distinto sexo.

En definitiva, la Ley de Evaluación de Políticas Públicas conforma un sistema robusto y coherente para el cambio cultural que entraña la exigencia de rigor y la mejora de la calidad, diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas en España. Este, además, se complementa con las actuaciones previstas en el Componente 29 relativas al refuerzo de la evaluación ex post, a través de las revisiones del gasto público que realiza la Autoridad Independiente de Responsabilidad (AIReF).