El papel de las “plataformas participativas” facilitadoras de políticas climáticas.
Acontecimientos como las protestas de los “chalecos amarillos” en Francia contra el aumento de impuestos al combustible en mayo de 2019, como reacción frente a la medida para la descarbonización se repitieron más tarde en Países Bajos con las protestas de tractoristas ante las medidas de limitación de emisiones de nitrógeno en el país, o las más recientes movilizaciones en Londres protagonizadas por trabajadores residentes en la periferia de la ciudad ante la medida de ampliación de zonas de bajas emisiones que fuerza indirectamente una renovación del parque automovilístico en la City que no todas las economías domésticas se pueden permitir.
Tienen en común estas movilizaciones la resistencia de colectivos que padecen desigualdades económicas y territoriales frente a medidas de transición climática que no han surgido de un proceso de deliberación colectiva, ni de una aprobación pública previa sobre medidas a adoptar, lo que ha provocado una percepción de precipitación e injusticia que ha comprometido su verdadero propósito.
Los agravios económicos percibidos por las “víctimas” de ciertas políticas ambientales puestas en marcha provocan un frenazo en los planes de transición energética hacia una economía verde que se ha establecido como prioritaria en la UE, y que origina una corriente negativa frente medidas que deberían tener un impacto positivo en el medio ambiente.
Desgraciadamente, las políticas de descarbonización van a seguir perjudicando a colectivos vulnerables si no se acompañan de políticas de compensación que requieren diagnosticar previamente qué vulnerabilidades existen en los territorios donde se quieren emprender dichas políticas, incluyendo mayores dosis de “inteligencia colectiva”.
Las plataformas participativas están facilitando consultas ciudadanas que sirven para deliberar y construir consenso para la promoción de actuaciones elegidas por los ciudadanos en una materia que despierta el interés de todos, también de los más vulnerables.
Reconocer a través de medios deliberativos las vulnerabilidades de los residentes en un territorio está llevando, en algún caso, a identificar medidas ambientales urgentes para hacer frente –por ejemplo- a inundaciones y a sequías, problemas agravados por desórdenes climáticos que padecen más hoy quienes menos medios tienen para protegerse.
Existe una demanda de democracia directa y deliberativa en la promoción de políticas públicas favorecedoras de la transición climática, por lo que resulta importante que los más desfavorecidos y perjudicados precisamente por los efectos devastadores del cambio climático sean parte involucrada en el diagnóstico y en el diseño de medidas a adoptar con claro impacto local en los territorios donde evitar resistencias, y es ahí donde las plataformas participativas pueden hacer una gran contribución colectiva para el desarrollo de la economía verde.
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