Análisis comparado de tres modelos de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en España

Esta necesidad se ve reflejada y potenciada en el contexto actual de nuestra sociedad por dos hechos de similar importancia, por un lado, la aprobación de la Ley 27/2022 (Ley para institucionalización de la evaluación de las políticas públicas, LIEPP), marcando un antes y un después en cómo concebimos la evaluación y seguimiento de nuestras políticas pública. Y, adicionalmente, la multitud de iniciativas relacionadas con la EPP que se están desarrollando en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. En este sentido, destaca la contribución de las evaluaciones en relación con la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en el contexto de las políticas y estrategias de sostenibilidad, que coloca a la EPP como un elemento esencial tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, lo que obliga a repensar las acciones de los gobiernos y su forma de valorar los asuntos públicos.

La descentralización político-administrativa española y su estructura multinivel ha tenido su impacto en el desarrollo de la institucionalización de la EPP. Mientras que, a nivel estatal, se han establecido órganos e instituciones encargados de la EPP, por ejemplo, la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), sustituida por el Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas (IEPP) y, en virtud de la LIEPP, la nueva Agencia Española de Políticas Públicas (AEPP) que será la entidad encargada de desarrollar la propuesta de estrategia de evaluación. A nivel autonómico, las diferentes CC. AA. también han desempeñado un papel activo en el desarrollo de sus propios sistemas de evaluación y en la promoción de la cultura de la evaluación. En muchos casos, estableciendo sus propios órganos de evaluación y adaptando sus propias estrategias y marcos normativos para abordar la EPP lo que ha generado un marco de desarrollo de la EPP de diferentes velocidades.

En este sentido, el análisis comparativo de los modelos de evaluación de políticas públicas de Andalucía, Cataluña y Navarra que recientemente publicamos en la revista Gestión Y Análisis De Políticas Públicas  ofrece una perspectiva novedosa sobre el estado actual de la institucionalización de la evaluación de forma comparada en estas comunidades autónomas. Creando para tal objetivo un indicador sintético que nos permite establecer cuál es el estado de institucionalización de la EPP en cada una de las autonomías analizadas.

A través de nuestra investigación, nos fue posible observar no solo las diferencias entre las prácticas evaluativas y los enfoques adoptados por cada comunidad, sino también cómo cada una enfrenta sus propios desafíos y oportunidades en el proceso de fortalecimiento de la evaluación de políticas públicas. ​​

Los sistemas evaluativos de Andalucía, Navarra y Cataluña presentan inmadurez generalizada debido a la falta de sistematización y de una cultura extendida de evaluación, aunque cada comunidad tiene características distintas.

Andalucía se concentra en evaluaciones a nivel autonómico sin organismos específicos para ello, destacando por su estrategia integral en evaluación de políticas públicas, que integra actuaciones de sensibilización, formación, divulgación, difusión y planificación estratégica, entre otras, trabajando en un modelo de abajo hacia arriba.

Navarra, pionera en España en legislar en términos de institucionalización de la EPP, cuenta con una herramienta poderosa, la ley 21/2005, aunque el desmantelamiento de los órganos de impulso de la evaluación y su sustitución por otros de carácter sectorial, supusieron un punto de inflexión que perjudicó seriamente el desarrollo de la institucionalización de la evaluación en esta comunidad.

Cataluña, por otro lado, adoptó un enfoque más sistemático y profesionalizado, con evaluaciones a nivel autonómico, pero con mucho peso de las evaluaciones impulsadas desde el nivel local, ayudados por organismos autónomos como Ivàlua, con alto grado de independencia en el proceso evaluativo. Al mismo tiempo, la coordinación con la Generalitat ha fortalecido la posición de la evaluación y ha desembocado en políticas innovadoras (programa PROAVA, COAVA y CIAVA). Entre 2006 y 2020, Cataluña lideró en cantidad de evaluaciones realizadas, reflejando un mayor desarrollo en este ámbito que Andalucía y Navarra.

Nuestra investigación viene a solventar, al menos parcialmente, una necesidad crucial en el ecosistema de la institucionalización de la EPP puesto que hoy en día todavía no existen investigaciones académicas que comparen de forma sistemática los distintos procesos de institucionalización de la EPP en las CC. AA. Esta comparativa resulta vital para conocer frenos y catalizadores de la EPP en los diferentes contextos y desarrollar políticas públicas eficaces y eficientes, como recogen la mayoría de los estatutos autonómicos.

Llegados a este punto, no hace falta explicar porque la expansión del índice comparativo a otras comunidades autónomas y su adaptación a la administración multinivel no solo es un paso lógico, sino también necesario para promover una cultura evaluativa sólida y adaptativa en toda España​​.

El artículo completo lo podéis encontrar en este enlace.

_{1. Trias Badruna, J., & Zúñiga Guevara, R. M. (2024). Análisis comparado de tres modelos de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en España. Los casos de Andalucía, Cataluña y Navarra. Gestión Y Análisis De Políticas Públicas, (prepublicación). https://doi.org/10.24965/gapp.11249}