¿Dónde están las mujeres?

A pesar de que la democracia no ha de reducirse a los procesos electorales, estos son clave para asegurar su mantenimiento y desarrollo, así como para medirla y ponerla a prueba. Los obstáculos o facilidades de las mujeres para inscribirse para votar, presentar su candidatura y participar de todos los diferentes niveles de la toma de decisiones de una comunidad determinan su nivel de inclusión democrática.

Por tanto, los sistemas electorales son un ingrediente clave para asegurar la capacidad inclusiva de las estructuras democráticas. Un estudio de la Unión Interparlamentaria (UIP) sobre la posición de las mujeres en los parlamentos en 2017 muestra que la tipología del sistema electoral es determinante a la hora de fomentar la inclusión de mujeres y otras minorías. De hecho, en los llamados sistemas de mayoría solo el 26,7% de las mujeres son elegidas como representantes. En estos casos, el informe de la UIP destaca el aumento de la representación de las mujeres en países donde se han introducido sistemas de cuotas: las mujeres obtuvieron alrededor de un 30% de escaños en los países con sistemas mayoritarios que introdujeron cuotas, en comparación con sólo el 15,4% de escaños en aquellos sin ningún sistema de cuotas de género[4].

No obstante, muchos expertos de diferentes escuelas de pensamiento dentro de los estudios de género (escuela interseccional, standpoint, transnacional, postestructural…) consideran que una parte clave para asegurar la inclusión de las mujeres en los procesos democráticos se basa en reinventar la cultura política y democrática.

Muchos de los obstáculos que las mujeres encuentran en su camino a la participación ciudadana vienen determinados por resultado de normas y prejuicios sociales y culturales sobre las que, en muchos casos, se ha construido la democracia.  Esto provoca desde barreras culturales e institucionales que impiden que muchas mujeres tengan acceso a la educación y, por tanto, dificultan su participación en procesos electorales, hasta violencia electoral contra las mujeres (VCME).

La ONU destaca la inseguridad como uno de los principales factores que afectan al rol que juegan las mujeres en la democracia y que limitan su derecho a la ciudadanía, y lo relaciona directamente con este sistema de creencias culturales que discrimina a la mujer. La VCME es “una forma de violencia contra las mujeres con la intención de afectar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en un contexto electoral”[5]. Esta violencia puede ser tanto física, como psicológica o sexual, y se acentúa como consecuencia de la superposición de los efectos de raza, edad, clase, discapacidad, educación, etnia, orientación sexual y género. Afecta a multitud de diferentes aspectos y actores de los procesos electorales y supone un freno para el desarrollo de sistemas democráticos.  Por este motivo, la ONU pone especial énfasis en aplicar una perspectiva de género a los procesos electorales que permita prevenir la violencia electoral contra las mujeres.

A pesar de que este fenómeno se acentúa en países con una mayor inestabilidad política, la VCME es un problema global que requiere de esfuerzos colectivos para lograr que las mujeres tengan acceso pleno a la democracia y a los procesos de participación ciudadana. De hecho, un estudio de la Unión Interparlamentaria muestra que 82,5% de las parlamentarias europeas han sufrido algún tipo de VCME de carácter psicológico, y un 40,5% de carácter sexual[6].